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#PuertoRico: Se hunde el manejo de playas


Al tiempo que gastaba hasta $22 millones al año en mercadeo y promoción turística durante las pasadas dos décadas, el Gobierno de Puerto Rico violaba la ley y abandonaba el principal recurso natural y económico del país: sus playas.
La Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico fue creada por la Ley 293 en 1999 para atender las problemáticas de seguridad, ornato, conservación y uso adecuado de las playas. Además, tiene el mandato de promover el desarrollo ordenado de instalaciones, asegurándose que sea cónsono con las políticas sobre turismo interno y externo; tiene que proteger las playas y evitar su contaminación y erosión, y velar que las agencias cumplan con las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables.
Ninguno de esos mandatos se ha cumplido, y las violaciones no han implicado consecuencias para los siete secretarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), de los dos principales partidos políticos, que, como directores ejecutivos de la Junta, fueron  responsables de implantar la ley, según reveló una investigación de El Nuevo Día y el Centro de Periodismo Investigativo. Estos exfuncionarios son: Daniel Pagán, Carlos Padín, Luis E. Rodríguez, Javier Vélez Arocho, Daniel Galán Kercadó, Carmen Guerrero y Nelson Santiago.
En los últimos ocho años reportados, de 2009 a 2016, la Junta apenas invirtió $70,723.57 en el manejo de las 1,225 playas que hay en la Isla, según certificado por la División de Finanzas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). En ese mismo período, la Oficina de Promoción y Mercado de la Compañía de Turismo de Puerto Rico emitió $275.7 millones para la adquisición de bienes y servicios relacionados a publicidad. En otras palabras, el presupuesto de la Junta en esos ocho años fue equivalente al 0.025% de lo que Turismo gastó en promoción y mercadeo.

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A la falta de presupuesto se suma la falta de voluntad e interés, ya que los secretarios y jefes de las 10 dependencias públicas que integran la Junta suelen ausentarse a las reuniones del organismo, según consta en las minutas. En su lugar, envían representantes con poco o ningún poder decisional.
Las consecuencias concretas de esta dejadez son playas sucias, sin salvavidas, erosionadas, con monitoreo limitado de calidad de agua, problemas de basura y ruidos excesivos, entre otros que afectan tanto el hábitat de la vida marina como la experiencia –y hasta la salud– de turistas locales y extranjeros.
El año pasado, el Sistema de Emergencias 9-1-1 atendió 457 llamadas por situaciones marítimas, que incluyeron accidentes, ahogamientos, personas arrastradas por corrientes, embarcaciones a la deriva y marejada alta. Este año, las llamadas por las mismas situaciones sumaban 105 hasta marzo. La unidad Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía no divulgó con qué equipo cuenta para atender estas emergencias, por tratarse de información “confidencial”, dijo su jefe, el coronel Luis Colón. Por otro lado, el Cuerpo de Vigilantes del DRNA cuenta con 95 embarcaciones equipadas con botiquines de primeros auxilios, y los oficiales están adiestrados en manejo de emergencias, dijo el comisionado Luis Medina Muñoz.
La inacción de la Junta redunda, a su vez, en un decaimiento de uno de los sectores con mayor potencial de la atribulada economía de Puerto Rico. El estudio “Describing the Ocean Economies of the U.S. Virgin Islands and Puerto Rico”, comisionado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y publicado el año pasado, halló que las playas son la opción favorita de recreación y esparcimiento para los puertorriqueños, y el motivo principal de los extranjeros para visitar la Isla. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) reportó que en 2014, las industrias de viajes y turismo aportaron, de manera directa, $2,430 millones a la economía boricua o un 2.4% del Producto Interno Bruto (PIB).
Al considerar los efectos indirectos e inducidos de los viajes y el turismo, su contribución al PIB en 2014 ascendió a 7.3%, situándose en cuarto lugar detrás de las industrias de manufactura, bienes raíces y renta, y el Gobierno, según datos revisados del Banco Gubernamental de Fomento.



Sombrío panorama
Las playas siguen presentado muchos de los problemas que existían hace 18 años, y que motivaron –en parte– la creación de la Junta.
Uno de ellos es la seguridad acuática. En promedio, 30 personas mueren ahogadas en la Isla todos los años, según datos del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez. El esfuerzo por tener salvavidas en cuantas playas sea posible no ha rendido frutos, porque nadie quiere asumir responsabilidad por las muertes, admitieron los exsecretarios Padín, Vélez Arocho y Guerrero.
“Hay playas que no deberían ser accesibles por lo peligrosas que son”, dijo Padín.
En cuanto a calidad del agua, la Junta de Calidad Ambiental (JCA) implantó en 2003 el Programa de Monitoría de Playas y Notificación Pública, pero este solo mide la contaminación bacteriológica en 38 de las 1,225 playas, o un 3%. En 2006, la Junta adoptó un protocolo que consiste en la instalación de banderas para informarles a los bañistas sobre la calidad del agua en las playas. Si la playa cumple con los estándares de calidad, se coloca una bandera verde. Si los parámetros se exceden, se coloca una bandera amarilla. “Pero, al día de hoy, eso es muy poco comparado con lo que se necesita”, planteó Vélez Arocho, tras reconocer que bajo su secretariado la Junta “no encontró un punto medio” sobre este tema.
Otro problema es la erosión costera, que se agrava con el aumento en el nivel del mar a consecuencia del calentamiento global. En Puerto Rico hay playas que están perdiendo hasta cinco metros de ancho alaño, según datosdel Laboratorio de Geomorfología de Costas de la Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Barrios costeros como Parcelas Suárez, en Loíza, o Palmas del Mar, en Humacao, y algunas playas de Rincón y Aguada, figuran entre las zonas más afectadas.
Maritza Barreto, directora del Laboratorio y representante del sector académico en la Junta, señaló que las acciones de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático en el País son limitadas, y denunció que el organismo no es consultado sobre distintas “intervenciones” que ocurren en las playas. Mencionó que en octubre pasado, los municipios de San Juan y Luquillo alquilaron camiones de arena y la depositaron en varias playas, en un intento de mitigar la erosión.
“Si bien pudo tratarse de un acto de buena fe, nadie pudo responderme quién autorizó esas intervenciones y si tenían permisos. Nadie en la Junta de Playas sabía sobre esto. Me choca que en las reuniones nunca he visto a un director o jefe de agencia; siempre envían representantes. No quiero decir con esto que esos representantes no hacen excelente trabajo, pero me pregunto hasta qué punto los jefes de agencia se enteran de lo que pasa en las reuniones. Veo a la Junta de Playas muy desconectada”, señaló Barreto.
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